Recientemente, en el marco de un congreso nacional sobre ansiedad y trastornos comórbidos, profesionales de la medicina han reconocido que los tratamientos farmacológicos actuales (ansiolíticos y antidepresivos) resultan insatisfactorios, ya que sólo son efectivos en la mitad de los pacientes y su administración no elimina cierta patología residual que se mantiene en el tiempo.

No obstante, a pesar de reconocer esto, y de que numerosos estudios han cuestionado seriamente el uso de los psicofármacos, se sigue ponderando injustificadamente la utilización de terapias farmacológicas mediante el recurso a fármacos de reciente aparición (denominados "duales"), nuevos antidepresivos e, incluso, anticonvulsivos.

Esta opinión favorable a los fármacos se apoya fundamentalmente en que la terapia psicológica es un "artículo de lujo" en el Sistema Nacional de Salud y que no parece que nuestro modelo sanitario vaya a seguir el camino de incorporar, tal y como recomiendan los organismos internacionales competentes en salud, más psicólogos en todos los niveles del sistema sanitario. Esta aparente contradicción de defender terapias ineficaces o, incluso perjudiciales (p.ej.: por cronificantes), por ser "más baratas" o más accesibles para los que las emplean, hace que sea necesario recordar que no hay nada más caro que lo que es inútil. Como todo el mundo sabe, generalmente lo barato termina resultando caro.

A la luz de estas declaraciones, es necesario recordar, una vez más, que:

1. El tratamiento farmacológico no es el mejor tratamiento disponible.

La terapia psicológica ha demostrado ser una alternativa más eficaz y económica que los fármacos para el tratamiento de la ansiedad y de la depresión y, a diferencia del tratamiento farmacológico, no supone ningún riesgo para la salud y no presenta ningún efecto secundario adverso. Entre las ventajas que conlleva la terapia psicológica frente al tratamiento farmacológico se incluyen: el mantenimiento de los cambios terapéuticos a largo plazo, una mayor adherencia al tratamiento, una disminución significativa del riesgo de recaídas, una elevada tasa de recuperación (es decir, a diferencia de los fármacos, no deja ninguna "patología residual"), la prevención de la cronificación de la patología del paciente y la disminución del número de visitas al médico y de los días de hospitalización (con la consecuente disminución de la carga económica para los sistemas sanitarios).

2. Los organismos competentes en materia de salud -como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE), la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH) o la Asociación Americana de Psicología (APA)-, y las principales guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica (tanto nacionales como internacionales), recomiendan la terapia cognitivo-conductual como el tratamiento de primera elección para el trastorno depresivo leve y moderado, el trastorno de angustia, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias específicas.

El tratamiento farmacológico, principalmente basado en antidepresivos o ansiolíticos, está contraindicado para mujeres embarazadas, niños y adolescentes o personas que presenten problemas crónicos de salud física, debido a los riesgos que conlleva para su salud, su posible riesgo de adicción o síndrome de abstinencia tras su interrupción brusca. Sólo en los casos más graves se recomienda el uso de medicación, y siempre en combinación con tratamiento psicológico, e informando al paciente sobre los objetivos terapéuticos, la duración del tratamiento farmacológico, los posibles efectos secundarios y los riesgos que supone.

3. La tendencia a recetar fármacos de manera abusiva (a pesar de sus efectos secundarios, de su dudosa eficacia para el tratamiento de algunas dolencias y del elevado coste económico que suponen), tiene serias repercusiones que trascienden al ámbito personal o social.

Esta insistencia en anclarse en un modelo de intervención -el farmacológico- que ha demostrado no ser el mejor tratamiento disponible, cuestiona gravemente la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos y pone en evidencia los intereses de la industria farmacéutica (y de determinados colectivos de la psiquiatría) en perpetuar estos modelos de actuación en salud mental.

4. Diferentes informes, como el informe elaborado por el Grupo de Política de Salud Mental del Centro de Actuaciones Económicas de la Escuela de Economía de Londres (The Centre for Economic Performance’s Mental Health Policy Group, London School of Economics), titulado The Depression Report, advierten de la necesidad de intervenir de la manera más eficaz, eficiente y efectiva sobre la elevada incidencia de trastornos mentales comunes, recomendando la intervención psicológica (por su mejor relación coste/beneficio) frente a la prescripción de fármacos.

Este modelo de actuación se ha puesto en práctica con éxito en el Reino Unido, donde se han incorporado un buen número de psicólogos en los servicios de Atención Primaria para ofrecer tratamiento psicológico basado en la evidencia y cubrir la demanda asistencial que requieren los problemas de ansiedad y depresión. Los informes y estudios publicados muestran el éxito de esta estrategia de actuación frente al abordaje farmacológico tradicional, así como la gran satisfacción manifestada por parte de los usuarios de los servicios de salud de ese país.

5. En España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un informe en el que solicita un mayor acceso al tratamiento psicológico y más especialistas de salud mental en los centros de Atención Primaria de nuestro país,ya que "los antidepresivos y tranquilizantes se prescriben en demasiados ocasiones, a pesar de que el tratamiento de elección para la ansiedad y la depresión debe ser la psicoterapia".

La OCU entiende que el coste de la generalización del tratamiento psicológico se vería ampliamente compensado con la reducción de las bajas laborales por ansiedad y depresión.

Por todo esto, podría ser útil que nuestras autoridades reflexionaran acerca de qué intereses están condicionando que no se provea a la población con los mejores tratamientos posibles, según demuestra la evidencia científica, siendo que, además, resultan ser los más económicos y los que más propician la reducción del gasto sanitario y social (incapacidad laboral) a medio y largo plazo. ¿Tiene sentido que sigamos apostando por terapias menos eficientes en un sistema público que requiere cada vez más del uso de la mayor racionalidad económica para garantizar su sostenibilidad?